Usted ha expresado dudas sobre las cifras de restitución de
tierras que está presentando el Gobierno...
Soy amigo de la restitución de tierras, pero las cifras
dicen que en esto el Gobierno va muy mal.
¿Por qué?
Porque en las cifras que está presentando el Gobierno, en el
país y en el exterior, está mezclando todos los programas de tierras, que son
ocho en total, que incluyen cosas distintas a la restitución y que incluso
vienen de gobiernos anteriores. A quien han despojado de su tierra en forma
violenta, deben devolverle esa misma tierra. Esa es la restitución propiamente
dicha, que es la única política nueva de Santos. Otra cosa es la titulación de
baldíos, por ejemplo, que viene desde la Colonia, o las tierras para resguardos
o las de la Dirección de Estupefacientes.
¿Y por qué cree que la meta del Gobierno de que en el
cuatrienio Santos se restituirán sus tierras a 160.000 familias es
inalcanzable?
Por las propias cifras oficiales: a diciembre 31 del 2013
calculan restituir 11.200 predios. Eso sale de sumar 699 en el 2011, 2.100 en
el 2012, y 8.400 en el 2013. Entonces quedarían faltando 149 mil restituciones
en siete meses que le quedarán al gobierno Santos en el 2014. Y en diez años de
vigencia de la ley, al 2021, habría que llegar a 350.000, que es el total de
víctimas. Peor no es posible.
¿De dónde sale la meta de las 160.000 familias por
restituir?
Está en el Plan Nacional de Desarrollo, la ha anunciado el
ministro Restrepo, el jefe de la Unidad de Restitución, el Presidente Santos...
Esa cifra aparece en todas partes como la meta de la restitución. Lo nuevo, que
es muy desafortunado, consiste en que el ministro Restrepo ahora dice que esa
no es una meta de restituciones, como aparece en todos los documentos oficiales
que le estoy mostrando. Luego si además no la respetan como meta, peor todavía.
¿Usted lo que está pidiendo es que en las cifras que exhibe
el Gobierno no se mezcle la restitución de tierras con la titulación de
baldíos, porque así sean frutas, unas son peras y otras manzanas?
Esa es una buena comparación.
¿Y que digan cómo van a cumplir la meta, porque al ritmo que
vamos, es imposible pensar que lo harán?
Exactamente. Esta discusión debe darse y tiene como
propósito que efectivamente restituyan.
Pero, con todos los obstáculos que naturalmente tiene la
restitución de tierras, ¿usted por lo menos reconoce que el Gobierno está muy
comprometido?
Pues ante la realidad de las cifras, hay grandes dudas de si
el Gobierno es consecuente. El Polo presentó un proyecto de ley distinto a
este, porque nos parecía que el del Gobierno era cicatero (mezquino) con las
víctimas. Pero ese ya no es el debate, sino la restitución, y las cifras dicen
que va muy mal. Otra cosa grave es que entre las cosas del proyecto del
Gobierno que el Polo sí respaldó estaba que en los procesos de restitución se aplicaría
la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que no es la víctima la que
debe demostrar la propiedad, sino que es el tenedor quien tiene que demostrar
que no la obtuvo ilegalmente.
¿Y acaso no está funcionando así?
En el decreto reglamentario de la ley echaron atrás la
inversión de la carga de la prueba. El ministro Restrepo lo explica, y le leo:
"En la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que,
una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa
y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba". ¿Qué quiere decir? Que
es a la víctima, así sea con la ayuda del Estado, a la que le toca la carga de
la prueba. Y eso no es lo que dice el artículo 78 de la ley. Esto provocará un
enredo de jueces, abogados, funcionarios, que probablemente sea lo que explique
por qué las metas de restitución son tan mediocres. La inversión de la carga de
la prueba la presentó el Gobierno, en Colombia y en el exterior, como una
muestra de su buena voluntad. Que la ley diga una cosa y la reglamentación
otra, obliga a preguntarse sobre el grado de seriedad que hay aquí.
Contésteme con la mano en el corazón: ¿duda del compromiso
del Gobierno con la restitución cuando, haciendo presencia en Necoclí, zona muy
neurálgica de despojo de tierras, Santos se ganó la oposición de los
empresarios de la zona y fue recibido con frialdad por la clase dirigente
antioqueña?
Cualquier restitución, por poca que sea, pisa callos. Las
11.000 restituciones generan 11.000 enemigos. Pero para el conjunto del
problema y de su solución, eso no es lo que se necesita. Lo que estamos
diciendo es que con 11.000 o una cifra semejante no es suficiente.
¿No será que, como el programa de restitución de tierras ha
comenzado a funcionar, a la izquierda le duele y que ahora la despojada es
ella, porque le quitaron una bandera?
Yo quisiera que se hicieran las 160 mil restituciones, así
me quiten alguna bandera. Ese no es problema. Mi discusión es que les deben
restituir las tierras a los que se las quitaron y lo que denuncio es que no lo
están haciendo. Y políticamente hay un aspecto que mortifica: por la
restitución, Santos dice que es el Presidente de los campesinos, que hay una
revolución agraria, y eso es paja. Las cifras dicen que no es cierto. Y hay
otras políticas que tienen que ver con el agro y la propiedad rural que poco se
conocen. A los campesinos de tierra fría ya les quitaron el trigo y la cebada,
y si con los TLC les quitan la leche, perderán la tierra.
La ley decía que los baldíos del Estado solo se les podían
entregar a campesinos. Santos cambió eso en el Plan de Desarrollo y hoy se les
pueden entregar baldíos a banqueros, monopolios y transnacionales. Y tienen
como propósito que, por ejemplo, la finca Las Catas, que era de un
narcotraficante, se explote colectivamente bajo la jefatura de la Nacional de
Chocolates, donde los campesinos no serían dueños y señores de sus parcelas,
sino súbditos de la empresa. Entonces, la restitución se está usando como una
cortina de humo para ocultar otras políticas muy discutibles, pero con un
agravante: que tampoco hacen la restitución. Creo que estamos ante un inmenso
’falso positivo’ en esta materia.
OLGA LUCIA ZAPATA
OLGA LUCIA ZAPATA
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